Un consorcio conformado por una empresa italiana y una empresa peruana enfrentaba diversas controversias con el Gobierno Regional de Arequipa derivadas de un contrato de obra para la construcción de un puente y accesos. Durante la ejecución del proyecto surgieron múltiples eventos no atribuibles al contratista, los cuales generaron impactos significativos en plazo, costo y continuidad de la obra.
Se discutieron hechos que escapaban al control del consorcio: deficiencias en el expediente técnico, indefiniciones, ejecución de partidas adicionales, conflictos sociales, demora en la absolución de consultas y, finalmente, la suspensión del contrato por incumplimientos del propietario, entre otros. Cada uno de estos factores incrementaba el riesgo financiero y operativo del proyecto, exponiendo al contratista a penalidades, ejecución de cartas fianza e interrupciones severas en su flujo contractual.
En este escenario, el consorcio necesitaba una estrategia técnica y jurídica sólida que no solo evitara afectaciones económicas inmediatas, sino que también permitiera recuperar los plazos realmente consumidos por eventos no imputables y proteger sus garantías frente a decisiones unilaterales del propietario.
