El Consorcio, integrado por una empresa española y una empresa peruana, ejecutaba el Contrato de Obra valorizado en S/ 189’350,020.36, para la construcción del drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca. Desde el inicio, la obra enfrentó condiciones adversas que afectaron de manera directa su avance.

La entrega de terrenos se realizó de manera parcial, impidiendo el inicio efectivo de los trabajos durante varios meses. A ello se sumaron deficiencias en el expediente técnico, incluidos errores hidráulicos reconocidos por la propia Entidad, lo que obligó al consorcio a replantear aspectos críticos del diseño. Estas circunstancias alteraron la programación original, generaron sobrecostos y exigieron constantes readecuaciones operativas.

La situación se agravó con la paralización de la obra tras la nulidad del contrato del supervisor y un contexto social complejo, marcado por actos de violencia contra el personal. En medio de estos eventos, ambas partes intercambiaron resoluciones cruzadas del contrato, creando un escenario jurídico incierto y una disputa sobre cuál de las partes tenía la razón para poner fin al vínculo contractual.