El consorcio —integrado por empresas de España, Brasil y Perú— enfrentaba una controversia relevante con el Ministerio de Salud – PRONIS, derivada de un contrato de obra para el mejoramiento y ampliación del Hospital de Quillabamba. La ejecución del proyecto se vio afectada por diversos eventos que incrementaron la complejidad técnica y operativa del contrato. Las controversias se concentraron en la determinación del impacto en costo y plazo, principalmente por incompatibilidades en el expediente técnico —incluyendo deficiencias en el sistema eléctrico—, valorizaciones por avance de obra pendientes de reconocimiento y discrepancias vinculadas al pago de utilidades. Cada uno de estos puntos generaba riesgo financiero y operativo significativo para el consorcio. El conflicto escaló hasta el arbitraje, donde era indispensable demostrar de manera precisa cómo estos eventos no atribuibles al contratista alteraron la ruta crítica, afectaron la productividad y ampliaron los costos de ejecución. El reto consistía en construir una narrativa técnico-contractual sólida que permitiera validar la compensación correspondiente.