CAI desarrolló una estrategia de defensa estructurada en torno a la trazabilidad contractual, la evidencia técnica disponible y la relación entre los eventos no atribuibles al contratista y sus efectos directos en plazo y costo. Esto implicó ordenar y reinterpretar con rigor jurídico la documentación generada durante el servicio, enlazándola con los estándares exigidos por la normativa de contratación pública.

El equipo diseñó un enfoque argumentativo orientado a demostrar la razonabilidad de las decisiones operativas adoptadas por el Consorcio y la causalidad entre los factores exógenos y las afectaciones económicas reclamadas. Asimismo, se priorizó neutralizar la pretensión de la Entidad de ejecutar garantías, resaltando la inexistencia de incumplimiento imputable al Consorcio.

A lo largo del proceso arbitral, CAI acompañó al cliente con precisión técnica, claridad estratégica y una narrativa coherente que integraba ingeniería, administración contractual y análisis regulatorio, asegurando que cada evidencia fuera presentada con solidez y alineada a los criterios arbitrales actuales en materia de conservación vial.