La estrategia jurídica se orientó a analizar la resolución contractual desde el principio de buena fe y su aplicación en el ámbito de la contratación estatal.

En el arbitraje se expuso que la buena fe implica actuar con lealtad y no defraudar la confianza generada en la relación contractual. En esa línea, se desarrolló el argumento de que la parte que pretende resolver el contrato debe encontrarse en condición de parte fiel, pues no puede invocar el incumplimiento ajeno quien se encuentra, a su vez, en situación de incumplimiento.

Asimismo, se abordó el principio de proporcionalidad del incumplimiento, señalando que no resultaría compatible con la buena fe resolver un contrato por incumplimientos de carácter trivial o accesorio que no afecten significativamente las obligaciones principales.

Finalmente, se sustentó que, aunque la Ley de Contrataciones del Estado no mencione expresamente el principio de buena fe en este punto, dicho principio debe guiar todas las actuaciones contractuales de la Entidad, de modo que cualquier resolución contractual debe observar no solo los términos del contrato, sino también los estándares éticos y jurídicos que rigen la contratación pública.