Un consorcio conformado por una empresa portuguesa y una empresa peruana afrontaba dos arbitrajes contra el MTC relacionados con un contrato de rehabilitación y ampliación de carretera, cuyo monto ascendía a S/ 249 millones, según el Contrato para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay.

Ambos arbitrajes estaban asociados a impactos en plazo y costo derivados de lluvias extraordinarias originadas por el Fenómeno del Niño Costero 2017, que impidieron el avance normal de las partidas críticas de pavimento y obras conexas. Estos eventos climáticos generaron paralizaciones, afectación de frentes de trabajo y costos adicionales que el consorcio tuvo que asumir durante el desarrollo del proyecto.

El desafío se complejizó cuando se emitieron dos laudos contradictorios: uno favorable y otro desfavorable para el consorcio. El laudo adverso desconocía ampliaciones de plazo sustentadas en documentación técnica, omitía la valoración de pruebas presentadas y presentaba vicios de motivación. La posición del consorcio requería una estrategia sólida para defender la validez del laudo favorable y anular el laudo perjudicial, asegurando el reconocimiento de los impactos acreditados.