Una empresa, en el marco de un arbitraje vinculado a la ejecución de dos contratos EPC bajo modalidad llave en mano y suma alzada, enfrentaba una controversia compleja relacionada con el diseño, suministro, construcción, instalación y puesta en operación de un sistema de riego.
El proceso arbitral involucraba una controversia por un monto de más de US$ 74 millones, donde se discutía el presunto incumplimiento contractual, la indemnización por daños y perjuicios y la asignación de costos del arbitraje.
En este contexto, la controversia no solo giraba en torno a los incumplimientos alegados, sino también a aspectos altamente técnicos y jurídicos, como la validez de los reclamos presentados, la aplicación de plazos contractuales y legales, y la discusión sobre la inaplicación del límite de responsabilidad contractual en caso de dolo o culpa inexcusable.
Adicionalmente, la contraparte sostenía que los reclamos habían prescrito y que su responsabilidad estaba contractualmente limitada, lo que generaba un escenario donde la correcta interpretación del contrato EPC y del marco normativo peruano resultaba determinante para la estrategia del caso.