Un consorcio —integrado por una empresa española y una empresa china— enfrentó una situación crítica tras recibir un requerimiento para ejecutar en su totalidad la carta fianza de fiel cumplimiento, cuyo monto ascendía a USD 42 millones. Esta ejecución estaba vinculada a una serie de imputaciones realizadas por la entidad estatal contratante, asociadas a penalidades, incumplimientos contractuales y gastos adicionales cuyo total superaba los USD 25 millones.
El contexto era especialmente sensible: se trataba de un contrato EPC para las obras auxiliares de la modernización de una refinería, con impactos económicos en disputa por ambas partes que, en conjunto, superaban los USD 80 millones. El riesgo era inminente: si la ejecución de la carta fianza avanzaba, el consorcio se exponía a un perjuicio financiero irreversible antes siquiera de que iniciara el análisis del fondo de la controversia.
Ante esta situación, el consorcio necesitaba frenar de inmediato la ejecución de la garantía y, al mismo tiempo, preparar el inicio formal de un arbitraje internacional bajo reglas ICC, que incluiría además reclamos económicos propios por más de USD 46 millones ya delimitados en la solicitud cautelar.
