Un consorcio conformado por una empresa china y una empresa peruana enfrentó un arbitraje contra el MTC, cuyo objeto era la ejecución del túnel y accesos del proyecto “Mejoramiento de la carretera Santa María – Santa Teresa – Puente Hidroeléctrica Machu Picchu”. Este proyecto, valorizado en S/ 166 millones, era estratégico para la conectividad regional y dependía de una coordinación técnica sostenida entre contratista y entidad.

Durante la ejecución surgieron limitaciones críticas que escapaban al control del consorcio: la falta de liberación de frentes de trabajo, la ausencia oportuna de permisos ambientales y arqueológicos, así como restricciones en accesos y áreas auxiliares necesarias para operar con seguridad y continuidad. Estos eventos generaron retrasos acumulados en la ruta crítica y afectaron de manera directa la programación del túnel y las obras asociadas.

La disputa se centró en determinar la asignación del riesgo por estas demoras y si correspondía reconocer al contratista el plazo adicional y los costos derivados. Para el consorcio, demostrar la causalidad entre las restricciones impuestas por la entidad y los impactos sufridos era clave para evitar una liquidación desfavorable y preservar la viabilidad técnica y económica del proyecto.