El contratista asumió el reto de ejecutar el Paquete 6 de colegios del proyecto “Escuelas Bicentenario”, un programa financiado bajo un contrato NEC3 Opción F, con una inversión de S/ 127 millones. Este paquete comprende la construcción de 12 instituciones educativas distribuidas en regiones con alto nivel de complejidad social: Áncash, Cajamarca y La Libertad. Se trataba de zonas con necesidades urgentes en infraestructura educativa, dificultades de acceso, dinámicas comunitarias diversas y una fuerte presión por cumplir estándares de calidad y funcionalidad.

La complejidad operativa se intensificó debido a la estructura del modelo G2G entre Perú y el Reino Unido, que incorpora exigencias técnicas estrictas y mecanismos de control avanzados. Cada obra debía ejecutarse en simultáneo, integrando a múltiples subcontratistas y equipos locales, bajo un esquema que exige una coordinación precisa, gestión de riesgos detallada y una administración contractual altamente especializada.

El desafío crítico emergió cuando el proyecto experimentó una transformación financiera sin precedentes: lo que inicialmente había sido concebido como una intervención de aproximadamente USD 35 millones evolucionó hacia un proyecto valorizado en USD 135 millones, generando tensiones significativas entre todas las partes involucradas. La evolución del alcance, sumada a las restricciones presupuestarias de la ANIN y a las responsabilidades divergentes entre contratista, subcontratistas y entidad, desencadenó un escenario de riesgos contractuales que amenazaba la continuidad del proyecto. Era indispensable desarrollar estrategias jurídicas claras, sólidas y viables para sostener la ejecución, gestionar la controversia y proteger los intereses del cliente.