Un consorcio integrado por una empresa portuguesa, una empresa peruana y una empresa brasileña enfrentó un arbitraje contra el MTC correspondiente a un proyecto de rehabilitación y mejoramiento de carreteras valorizado en S/ 249 millones.

Durante la ejecución, surgieron discrepancias sobre la recepción de la obra, el levantamiento de observaciones y la validez de resoluciones contractuales cruzadas entre la Entidad y el consorcio. La suspensión del contrato declarada por la Entidad excedía el límite legal, generando un riesgo significativo para la continuidad de la obra y activando la posibilidad de imponer penalidades por demora, lo que habría representado un impacto económico crítico para el consorcio.

El reto principal era demostrar que la suspensión y los retrasos eran imputables a la Entidad, no al contratista, y que la resolución del contrato ejercida por el consorcio estaba plenamente justificada. Evitar penalidades requería una estrategia jurídica precisa, sustentada en hechos, plazos y obligaciones contractuales.