El consorcio —integrado por una empresa chilena y una empresa peruana— ejecutaba un contrato de obra valorizado en US$ 49.7 millones para la construcción de infraestructura minera crítica, incluyendo una nueva poza colectora, estaciones de bombeo, tuberías, subestaciones eléctricas, accesos, ampliación del túnel de decantación y el cierre de la poza colectora.

La magnitud del alcance y las condiciones operativas del proyecto generaron múltiples frentes de discusión respecto a la determinación del impacto en costo y plazo. Estos impactos estaban asociados a solicitudes de cambio, variaciones de obra y conceptos de compensación vinculados a la naturaleza técnica y geotécnica del yacimiento, así como a la interacción con los sistemas existentes en la operación minera.

Con el proyecto ya concluido y en operación, las partes ingresaron a la etapa de cierre contractual, donde surgieron controversias sobre obras adicionales, mayor permanencia en obra y recursos improductivos. Esta situación planteaba un riesgo financiero sustancial para el consorcio, debido al volumen y sensibilidad de los reclamos en discusión.