Un consorcio integrado por una empresa chilena y una empresa brasileña enfrentaba una controversia compleja con el MTC en el marco de un contrato de conservación vial, cuyo monto contractual ascendía a S/ 111’346,666.48. El proyecto comprendía actividades permanentes de mantenimiento y operación, lo que exigía continuidad, coordinación y disponibilidad plena de recursos.
Durante la ejecución, se generaron discrepancias sobre la validez de la resolución contractual emitida por la entidad. El consorcio cuestionó dicha resolución, sosteniendo que no existían elementos técnicos ni jurídicos suficientes para atribuirle incumplimientos, mientras que la entidad insistía en la terminación del contrato. Esta situación no solo interrumpió la prestación del servicio, sino que además activó penalidades y la ejecución de garantías, exponiendo al consorcio a un riesgo financiero severo.
El reto consistía en demostrar ante el Tribunal Arbitral que la resolución era inválida y que los incrementos de precio registrados durante la ejecución del servicio tenían fundamento contractual, además de evitar que la ejecución de garantías impactara en la estabilidad financiera del consorcio.
