Bajo Reglas ICC, una empresa constructora peruana enfrentó un arbitraje contra un consorcio formado por empresas de nacionalidad china, sueca y peruana. La controversia surgió en el marco de un contrato para la adquisición y suministro de turbinas destinadas a la modernización de una central hidroeléctrica en Cusco.
El origen del conflicto se centró en la existencia de vicios ocultos detectados en los generadores de energía antes de su instalación definitiva. Estos defectos comprometían el desempeño esperado del equipo y generaban riesgos técnicos, económicos y operativos para la infraestructura hidroeléctrica. En consecuencia, se reclamó el pago de US$ 4.5 millones asociados a los costos derivados de dichos vicios.
Para el cliente, el reto no era únicamente acreditar la existencia de los vicios, sino demostrar su impacto real en un escenario de alta complejidad técnica, con múltiples actores internacionales y exigencias probatorias propias del arbitraje ICC.