El Consorcio asumió la ejecución de un proyecto minero altamente especializado que comprendía la construcción de accesos, estaciones de bombeo y la extensión del túnel de decantación al pie de una presa. Se trataba de una obra compleja, desarrollada en un entorno geológico retador y bajo un contrato EPC que exigía precisión técnica, cumplimiento estricto de secuencias constructivas y coordinación constante con el propietario y los equipos de ingeniería.
Durante el tramo final del proyecto, la empresa estatal minera comunicó su intención de dar por concluido anticipadamente el contrato, iniciando así el proceso de cierre técnico y económico. Esta decisión abrió un escenario contractual especialmente sensible: el Consorcio debía acreditar los costos ejecutados, sustentar solicitudes de cambio en diferentes estados de aprobación —desde cambios conciliados hasta cambios rechazados— y resolver reclamaciones vinculadas a impactos en productividad y gastos generales variables generados por alteraciones en la secuencia original de obra. El monto total sujeto a definición superaba los diez millones de dólares, lo que convertía al cierre del contrato en un proceso decisivo para la sostenibilidad financiera del proyecto.
A ello se sumaba un desafío adicional: múltiples diferencias técnicas y contractuales entre las partes sobre la interpretación del alcance, el costo real de las modificaciones y la valoración de los impactos indirectos. El Consorcio necesitaba una estrategia legal clara, ordenada y técnicamente robusta para encauzar la negociación, estructurar sus reclamaciones y sostener con evidencia cada uno de los puntos pendientes de pago.
