Carla es líder de nuestra práctica de Disputas y tiene experiencia profesional en la negociación y patrocinio a clientes en arbitrajes por disputas comerciales.
Carla tiene una amplia experiencia en la tramitación de procedimientos de anulación de laudos ante los Tribunales peruanos, con una gran visión para la negociación y la prevención de conflictos.
Tiene una amplia experiencia en la resolución de disputas arbitrales, especializándose en contratos de construcción públicos y privados.
Su experiencia profesional está equilibrada con actividades académicas. Carla participa activamente como ponente en eventos de arbitraje nacionales e internacionales. Ha sido invitada a impartir cursos virtuales y talleres.
Carla es miembro fundador de Jóvenes Árbitros Peruanos, organización sin fines de lucro que promueve la ética, innovación y responsabilidad en la práctica del arbitraje.
En 2018, fue nombrada Embajadora para América Latina de Arbitrator Intelligence, una organización sin fines de lucro que busca incrementar la información sobre los árbitros a través de la recolección de datos (se comprometió con esta organización para buscar una mayor transparencia que permita incorporar un cupo basado en méritos para la designación de árbitros y reducir el riesgo de prácticas no alineadas con los estándares internacionales).
Ha sido reconocida por el ranking internacional Leaders League.
Asesoró a empresa internacional, de la industria automotriz, en dos (2) litigios relacionados con el arbitraje respecto a una concesión que otorgó a una empresa peruana, que incurrió en varios incumplimientos de contrato que llevaron a su rescisión.
Asesoró a consorcio peruano en el procedimiento arbitral al detectar varios problemas en el diseño de un proyecto, donde incluye un tramo específico de una carretera que atraviesa la región de Arequipa.
Actuó en representación de cuatro (4) consorcios peruanos en sus procesos arbitrales contra instituciones públicas respecto a proyectos que incluyen el diseño, mantenimiento y construcción de carreteras en diferentes departamentos peruanos. En el procedimiento arbitral se solicita más de 70 millones de soles.
