Una empresa portuguesa acudió a CAI para enfrentar una controversia arbitral contra el principal astillero del Perú, derivada de un contrato de obras de infraestructura para el mantenimiento de embarcaciones. Durante la ejecución del proyecto se evidenciaron diversos eventos que generaron impactos directos en los plazos y en los costos, afectando la predictibilidad técnica y financiera de la obra.

Las diferencias se concentraron en hitos críticos: retrasos en la ejecución, demoras en la recepción de la obra, observaciones no oportunamente absueltas y reclamos económicos que surgieron en el marco de la liquidación contractual. Estos elementos configuraron un escenario altamente técnico, donde el contratista debía demostrar la trazabilidad y magnitud real de los impactos sufridos para evitar una liquidación desfavorable.

Frente a un proceso complejo y con exigentes estándares probatorios, la necesidad del cliente era clara: que el Tribunal reconozca la totalidad de los impactos y valide la pretensión económica que reflejaba los costos efectivamente asumidos durante la ejecución del proyecto.