Acompañamos a una empresa peruana en un arbitraje iniciado frente a una compañía minera nacional. El origen de la controversia fue un contrato EPC para la ejecución de trabajos de movimiento de tierras en el proyecto minero San Gabriel, en el sur del país.
Durante la ejecución, surgieron diferencias en la valorización de avances y retrasos en pagos, situaciones que generaron presión financiera y tensionaron la continuidad del proyecto. La contraparte, además, evaluó activar garantías contractuales, lo que representaba un riesgo significativo para la estabilidad del constructor en un contrato de alta exigencia técnica y operativa.
El escenario requería una intervención rápida, técnicamente fundamentada y estratégicamente diseñada para evitar impactos inmediatos, mientras se creaban las condiciones para un cierre negociado de la disputa.