La controversia se originó en un proyecto de irrigación donde el contratista reclamó impactos en plazo derivados de deficiencias en el expediente técnico entregado. Para superar dichas deficiencias se aprobaron adicionales y deductivos en un contexto de ajustes sucesivos. Según la posición del propietario, estas correcciones trasladaban al contratista el riesgo por los efectos posteriores y mantenían en él la obligación de garantizar la entrega oportuna.

Paralelamente, la ejecución se vio afectada por disturbios sociales que alteraron el desarrollo de los trabajos y pusieron en riesgo al equipo en obra. El propietario sostuvo que tales eventos no eran atribuibles a su parte y que, por tanto, no existía causalidad en la responsabilidad.

La discusión central consistió en determinar a quién correspondía el riesgo por la ingeniería entregada y por los disturbios sociales, así como sus efectos en plazo y costo.