Una empresa española dedicada a la construcción de infraestructura aeroportuaria enfrentó una controversia compleja con el concesionario de un grupo de aeropuertos regionales. La disputa surgió durante la ejecución de un contrato de obra orientado a la construcción de pistas de aterrizaje y cercos perimétricos, en un contexto de alta sensibilidad operativa y contractual.
A lo largo del proyecto, el contratista se vio afectado por múltiples eventos que impactaron de manera directa en el costo, el plazo y la estabilidad financiera de la obra. Entre ellos destacaron la liberación tardía de predios, problemas en la ingeniería, la emisión de órdenes de cambio y, especialmente, los impactos y sobrecostos derivados del Covid-19. Cada uno de estos factores generó tensiones con el concesionario respecto a responsabilidades, plazos ampliados y costos adicionales, en un escenario donde la ejecución de garantías representaba un riesgo crítico para la continuidad contractual.
En este contexto, el contratista necesitaba una respuesta inmediata: evitar penalidades, impedir la ejecución de garantías y mantener el contrato vigente mientras se evaluaban las reclamaciones de fondo, resguardando su posición técnica y financiera en medio de una controversia en desarrollo.
