La estrategia jurídica se estructuró en torno a la correcta interpretación del principio del interés público dentro del marco de la contratación estatal.

Se desarrolló el argumento de que, conforme a la Ley de Contrataciones con el Estado, tanto el proceso de contratación como las decisiones adoptadas durante la ejecución contractual deben priorizar los objetivos públicos de la Entidad. En esa línea, se sostuvo que cualquier decisión vinculada a la ejecución o resolución del contrato debía evaluarse considerando su impacto en los fines públicos, asegurando que estos sean efectivos, oportunos y de calidad, y que generen un impacto positivo en la sociedad.

Asimismo, se cuestionó que una resolución unilateral adoptada sin la debida coordinación y justificación podía desviar la atención del objetivo central del contrato —la mejora de la infraestructura vial en beneficio público— y generar consecuencias adversas en el interés general. La defensa enfatizó la necesidad de incorporar un análisis adecuado y oportuno de los efectos que una resolución contractual podría producir sobre los fines públicos comprometidos.