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Agua potable y alcantarillado en Cieneguilla

Laudo que confirma la resolución contractual del Consorcio y reconoce costos por improductividad.

CAI obtuvo un laudo favorable que validó la resolución del contrato y ordenó el reconocimiento económico de los recursos improductivos asumidos.

El desafío

El Consorcio —integrado por una empresa española y una empresa peruana— ejecutaba un proyecto fundamental para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Esquema Cieneguilla, bajo un contrato valorizado en S/ 82’050,638.92. Durante la ejecución, surgieron problemas estructurales que impactaron de manera directa en el avance y la eficiencia del proyecto.

La obra enfrentó deficiencias significativas en el expediente técnico, lo que generó replanteamientos constantes y afectó la programación prevista. A ello se sumó la falta de liberación oportuna de terrenos, condición esencial para el despliegue de cuadrillas, maquinaria y frentes simultáneos de trabajo. El retraso acumulado ocasionó la inmovilización de equipos y personal, generando recursos en stand-by cuyo costo no era atribuible al Consorcio.

La complejidad aumentó cuando surgieron diferencias respecto a la asignación de riesgos y se dieron actos contradictorios en la resolución contractual. Todo ello configuró un escenario de alta incertidumbre operativa, contractual y económica para el Consorcio, que requería una estrategia sólida para sustentar la validez de su posición.

Solución de CAI

CAI diseñó una estrategia arbitral integral, orientada a demostrar con rigor técnico-jurídico cómo las deficiencias del expediente técnico y la falta de liberación de terrenos constituían incumplimientos esenciales de la Entidad. Se documentó la trazabilidad de cada retraso, vinculando su origen con actuaciones ajenas al Consorcio y con la imposibilidad material de ejecutar las prestaciones programadas.

El equipo desarrolló un análisis preciso sobre los costos improductivos, demostrando su relación directa con los eventos no atribuibles al contratista y presentando modelos operativos y evidencias de campo que permitieron acreditar la razonabilidad de los montos reclamados. Asimismo, CAI estableció una línea argumentativa clara para sustentar la validez de la resolución contractual ejercida por el Consorcio.

Durante el proceso, se consolidó un relato técnico coherente que integraba ingeniería, cronogramas, logística de obra y normativa de contratación pública, garantizando que los árbitros contaran con un entendimiento completo y confiable de la situación real del proyecto.

Resultado

El Tribunal emitió un laudo arbitral favorable, confirmando:

i) la validez de la resolución de contrato declarada por el Consorcio; y ii) la obligación de la Entidad de asumir el pago de los recursos en stand-by (improductivos), reconociendo la afectación económica generada durante la ejecución del proyecto.

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