CAI diseñó una estrategia integral orientada a acreditar la trazabilidad técnica y contractual de cada retraso no imputable al consorcio. El enfoque se basó en reconstruir el comportamiento real del proyecto: cronogramas, hitos críticos, permisos pendientes y rutas de impacto, articulando esta evidencia con estándares EPC y criterios jurisprudenciales aplicables a proyectos hospitalarios.
El equipo también estructuró un marco argumentativo que vinculaba la responsabilidad de la Entidad con sus propias obligaciones previas, demostrando cómo la falta de permisos y autorizaciones administrativas afectó la disponibilidad de frentes y la instalación de sistemas esenciales para el funcionamiento hospitalario. Esta narrativa permitió reforzar la causalidad entre los hechos y los impactos reclamados.
Finalmente, CAI acompañó al consorcio durante todo el proceso arbitral, liderando audiencias, gestionando pruebas complejas y asegurando la consistencia técnica de cada pretensión. El resultado fue una defensa sólida, precisa y estratégica, alineada con los más altos estándares de arbitraje en infraestructura.
