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Paquete 5 de colegios de Escuelas Bicentenario

Estrategia contractual y representación integral ante el DAB para la ejecución del Paquete 5 de infraestructura educativa.

Un proyecto educativo altamente complejo que exigió soluciones legales innovadoras para gestionar financiamiento, reclamos y continuidad operativa desde su primera etapa.

El desafío

El consorcio encargado de ejecutar dos intervenciones educativas en Tumbes, bajo un contrato NEC4 Opción F, enfrentó un problema crítico durante la ejecución: el pago íntegro de la factura correspondiente al segundo adelanto generó contingencias tributarias inesperadas y afectó el flujo de caja del proyecto. Para el contratista, este hecho configuraba un Evento Compensable, por lo que presentó el reclamo formal ante la entidad estatal encargada de la reconstrucción. Sin embargo, mediante comunicación del 7 de septiembre de 2023, la entidad rechazó la solicitud indicando que los hechos no calificaban como un evento compensable según el contrato.

El rechazo no solo ponía en discusión la interpretación contractual del evento, sino que también exponía al consorcio a impactos financieros significativos que comprometían la operación del proyecto y su sostenibilidad. El riesgo de que el problema escalara sin una respuesta técnica y jurídica sólida generaba incertidumbre en la planificación, afectaba la liquidez del contratista y amenazaba la continuidad del proyecto. Frente a este escenario, el consorcio requería una estrategia clara, un análisis técnico minucioso y una defensa rigurosa que permitiera sustentar de manera contundente los impactos derivados del adelanto.

Con la denegatoria, la siguiente etapa implicaba activar el procedimiento de Desavenencia y llevar el caso ante el Dispute Adjudication Board (DAB), un mecanismo especializado cuyo éxito dependía de la precisión técnica, la solidez argumentativa y la correcta preparación de todos los documentos del expediente.

Solución de CAI

CAI asumió el encargo con un enfoque integral, diseñando una estrategia orientada a proteger los intereses del consorcio durante todo el procedimiento de Desavenencia. Para ello, se asignó un abogado especializado en proyectos NEC para dirigir las coordinaciones directas y garantizar la conducción técnica del caso, conforme se detalla en la propuesta de honorarios.

El equipo elaboró la Sumisión Formal, documento central del proceso, estructurando un análisis exhaustivo del Evento Compensable 65, la relación causal entre el pago del adelanto y los impactos tributarios, así como la afectación directa al flujo de caja del proyecto. Posteriormente, CAI preparó el análisis de la Contestación presentada por la contraparte y lideró la estrategia argumentativa necesaria para sostener la posición del consorcio ante el DAB.

Asimismo, la firma condujo las audiencias del procedimiento, brindó asesoría continua sobre los actos procesales, analizó la decisión del DAB una vez emitida y preparó, de ser necesario, solicitudes adicionales relacionadas con la resolución adoptada. Durante todo el proceso, CAI trabajó estrechamente con el equipo del proyecto, asegurando claridad jurídica, consistencia estratégica y una comunicación técnica alineada con los principios del contrato NEC.

Resultado

El acompañamiento de CAI permitió al consorcio estructurar una defensa sólida, coherente y estratégicamente fundamentada frente al DAB. Gracias a una narrativa jurídica precisa, a la correcta articulación del impacto económico del adelanto y al uso técnico del marco NEC, el contratista logró mejorar su posición contractual, sostener sus argumentos frente a la entidad y encaminar el proceso hacia una resolución informada y equilibrada.

La intervención también aportó claridad en la gestión interna del proyecto, al permitir que el consorcio comprendiera plenamente las implicancias contractuales del evento, evaluara riesgos asociados y tomara decisiones estratégicas con mayor seguridad. La preparación técnica de la Sumisión Formal, el análisis de la contestación y la conducción de las audiencias contribuyeron a evitar el escalamiento innecesario de controversias y reforzaron la gobernanza contractual del proyecto.

Como resultado, el consorcio quedó en una posición más sólida para enfrentar futuros procedimientos, administrar adecuadamente impactos tributarios y financieros, y sostener la ejecución del proyecto educativo con mayor certidumbre y control.

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