Los reclamos por improductividad de recursos o disrupción son habituales en la industria de la construcción, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sin embargo, su planteamiento en el ecosistema de la obra pública enfrenta dos interrogantes relevantes: (i) su compatibilidad con la Ley de Contrataciones con el Estado (LCE), y (ii) el estándar probatorio exigible para acreditar la improductividad.

En el caso analizado, el Contratista demandó a la Entidad por problemas surgidos durante la ejecución de un proyecto de ampliación y mejora de un sistema de saneamiento, ejecutado bajo la modalidad de precios unitarios y conforme a un expediente técnico proporcionado por la Entidad.

El Contratista sostuvo que la Entidad no liberó oportunamente las áreas de trabajo y entregó un expediente técnico defectuoso, afectando la productividad de sus recursos y generando mayores costos que debían ser compensados. Para cuantificar el impacto, propuso la aplicación de la metodología de la Milla Medida, comparando periodos impactados con no impactados.

La Entidad cuestionó la arbitrabilidad del reclamo, señalando que se trataba de una solicitud encubierta de adicionales de obra, lo cual no sería materia arbitral bajo la LCE.