En noviembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió el Contrato de Concesión del proyecto “Anillo Vial Periférico”, una autopista urbana de 34.8 kilómetros que conectará el Callao con el distrito de San Luis y atravesará 12 distritos de la ciudad de Lima. Este proyecto contempla carriles de tránsito rápido, túneles, pasos a desnivel y elevados, sistemas de peaje y diversas obras complementarias, con una inversión aproximada de US$ 3,400 millones.
La magnitud del proyecto, su ejecución en una zona urbana densamente intervenida y la compleja estructura contractual propia de los esquemas concesionario–constructor generaban importantes retos de gestión contractual. En particular, el consorcio constructor debía gestionar su relación con la sociedad concesionaria en el marco de un Contrato EPC, así como coordinar adecuadamente con subcontratistas, proveedores y entidades públicas involucradas en el proyecto, como el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OSITRAN.
En este contexto, la adecuada gestión de riesgos contractuales, la correcta documentación de decisiones y la prevención de potenciales contingencias de plazo o costo se volvieron factores críticos para proteger la posición contractual del consorcio durante la ejecución de la obra.
