El consorcio, integrado por empresas españolas del sector construcción, enfrentó una controversia significativa con el concesionario de una vía de evitamiento. Durante la ejecución del contrato para la construcción del saldo de obra, surgieron múltiples problemas no atribuibles al consorcio que impactaron severamente los costos y plazos del proyecto. Entre ellos, la falta de disponibilidad de terrenos y accesos, interferencias no liberadas, permisos insuficientes, deficiencias en el estudio de ingeniería y conflictos sociales en la zona de obra. Estas condiciones generaron retrasos sustanciales y mayores costos operativos.

Frente a este escenario y ante el rechazo del concesionario a las solicitudes de ampliación de plazo, reconocimiento de costos fuera del alcance contractual y gastos generales asociados, el consorcio activó la cláusula de trato directo. Sin embargo, la etapa empezó y concluyó sin alcanzar un acuerdo, incrementando el riesgo financiero y contractual, especialmente respecto a la eventual ejecución de las cartas fianza otorgadas como parte de las obligaciones del contrato.

La necesidad inmediata era clara: proteger las garantías del consorcio y asegurar la estabilidad contractual, evitando un impacto económico severo mientras se preparaba el proceso arbitral principal.