El Consorcio —integrado por una empresa española y una peruana— asumió la ejecución de dos instituciones educativas en la ciudad de Piura, proyecto licitado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) bajo la modalidad NEC3 Opción A y valorizado en USD 22 millones. Este encargo forma parte del proceso nacional de reconstrucción que busca cerrar brechas urgentes en infraestructura educativa en el norte del país. Desde el inicio, la obra estuvo marcada por un contexto desafiante: ampliaciones de alcance, condiciones administrativas complejas y la necesidad de ejecutar bajo estándares NEC, un modelo contractual que exige claridad técnica, comunicación continua y gestión disciplinada de eventos compensables.

El principal punto crítico surgió apenas iniciada la obra. Una demora en el pago del Adelanto —originada por el retraso de ANIN en la suscripción del Contrato de Fideicomiso— generó un desequilibrio inmediato en el flujo de caja del Consorcio. Esta afectación económica puso en riesgo la continuidad del proyecto, obligando al equipo de obra a activar mecanismos NEC para advertir la situación y proteger su posición contractual. A ello se sumaron posteriores ampliaciones de alcance instruidas por el Gerente del Proyecto, que incrementaron la carga operativa y financiera sin un reconocimiento inmediato.

Con la ejecución avanzando y la presión de plazos institucionales, el Consorcio enfrentaba un escenario delicado: impactos no reconocidos, comunicaciones contractuales que requerían sustento técnico riguroso y la necesidad de controvertir un Evento Compensable rechazado por la entidad, cuyos efectos económicos seguían generando tensiones en la administración del contrato.