El Estado peruano adjudicó la construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Abancay, un proyecto de infraestructura vial con un monto contractual de S/ 92,980,558.31 y un plazo de ejecución de 360 días calendario.
Durante la ejecución del proyecto surgieron diversas contingencias técnicas y contractuales. Tras la entrega de los terrenos, el contratista identificó interferencias, afectaciones prediales e irregularidades en los Depósitos de Material Excedente (DME), lo que impactó directamente en el avance de la obra. Estas circunstancias motivaron la presentación de varias solicitudes de ampliación de plazo, las cuales fueron rechazadas por la entidad pública.
La situación generó un escenario de alta exposición contractual. La obra llegó a encontrarse suspendida, y, de reiniciarse los trabajos, el contratista habría contado con apenas 16 días calendario para culminar la ejecución, aun cuando el arbitraje iniciado para discutir las ampliaciones de plazo aún no había sido resuelto. En ese contexto, existía el riesgo de que la entidad aplicara penalidades por atraso, resolviera el contrato o ejecutara las cartas fianza, cuyo monto ascendía aproximadamente a S/ 31 millones.
